Impresiona asistir al nuevo debate europeo y al enorme esfuerzo por mantener su vocación y condición de economía manufacturera, enfrentando activamente la presión de la emergente manufactura china.

Dejando atrás la crisis del 2009, la vocación manufacturera se muestra en franca aceleración, pasando la participación de la industria manufacturera en el PBI del 15.5% al 17,1% en la actualidad y apuntando la programación de la Comisión Europea a un incremento de esta participación hasta el 20% en el 2020. La productividad del trabajo marcha al ritmo del 2.7% anual, contra el 0.7% de EE.UU., y simultáneamente la ocupación manufacturera se está recuperando, computando hoy sólo 300.000 puestos menos que en 2009.

Esta batalla de confirmación de la vocación manufacturera está liderada por el eje Berlín-París-Roma y se centra esclusivamente en la innovación tecnológica. Estos tres Estados están tomando importantes riesgos subsidiando la inversión en sectores estratégicos y en la formación de los recursos humanos demandados por la futura industria 4.0 (robótica, electrónica e informática integrada).

El ejemplo más significativo de un Estado que toma riesgos para confirmar su vocación manufacturera, convencida de que la industria manufacturera es el mejor vehículo para el crecimiento sostenible con integración social, es Italia. En efecto, a pesar de lidiar desde hace años una batalla contra el incremento de la deuda pública, bajo presión de los acuerdos de la Unión, este país está desarrollando una activa politica industrial hacia la industria 4.0 con excelentes resultados. En 2016 el presupuesto autorizó un incentivo a la inversión en industria 4.0 mediante un plano de “superamortización” (una modalidad innovativa de amortización acelerada de los bienes de capital) y en 2017 incrementó la toma de riesgo autorizando un incentivo fiscal de refuerzo a la amortizacion acelerada llamado “hiperamortización” (las empresas invierten 100, pero pueden amortizar por valor de 250), reservado exclusivamente para la adquisición de los bienes de capital llamados “digitales”. Los resultados no se hicieron esperar: en lo que va de 2017 la demanda de maquinaria innovativa se incrementó en un 10% (superando los registros de Alemania) y, en igual medida, la inversión en la formación de recursos humanos y la investigación y desarrollo. Históricamente, hay que recordar que en los años ’60 la famosa Ley Sabattini de incentivo a la inversión en maquinaria-herramienta nacional, llevó a Italia a desarrollar ese sector pasando del 5% del producto manufactuero al 35% y constituir hoy la segunda economía manufacturera de Europa, luego de Alemania. Obviamente, “todo lo que brilla no es oro” en la política industrial italiana y europea, pero los programas de incentivos en curso demuestran que renació en Europa la idea de una política industrial ambiciosa, motivada en gran parte por el temor de ser desplazada por China en el escenario mundial.

¿Qué podemos hacer en Argentina? La propuesta del Gobierno sobre la necesidad de una reforma fiscal para el nuevo escenario que enfrenta nuestro país, constitutuye una oportunidad para debatir y diseñar incentivos estratégicos para el crecimiento. Mirando al futuro, el creciente déficit de cuenta corriente es una señal que no es aconsejable desdeñar. Tenemos tiempo para corregirlo, pero no tanto. Nuestro déficit manufacturero y de servicios no podrá ser estructuralmente compensado sólo con el superávit comercial del sector agricola. La sola flexibilidad del tipo de cambio no podrá resolver el problema. Y el endeudamiento externo creciente tiene su límite.

Necesitamos exportar más valor agregado. Estamos muy lejos del escenario europeo de la industria 4.0, pero está claro que para un país de la dimensión de Argentina no habrá integración social y disminución de la pobreza sin industria manufacturera, innovativa y tradicional, de empresas grandes y PyME, apoyada en servicios financieros y tecnológicos de calidad. El Estado argentino deberá programar el rumbo para mejorar el bienestar de los ciudadanos y tomar sus propios riesgos de acción, como lo hacen los otros Estados.

> Fuente Observatorio Pyme