Nos dirigimos a Ustedes para comunicar nuestra postura sobre el DNU conocido recientemente.

En primer lugar estamos de acuerdo en la necesidad de producir un cambio profundísimo en prácticamente la totalidad de los marcos regulatorios, en los valores y en las prioridades que conforman y rigen a nuestro país y que surgieron durante los últimos 80 años. Es evidente que hemos fracasado generando una situación de falta de crecimiento de incentivos y de desarrollo, de incremento de la pobreza, de pérdida de la cultura del trabajo y del premio al esfuerzo, un incremento de la corrupción y un atraso relativo a la región y al resto del mundo, que no puede prolongarse más. Esta situación es insostenible. El paso siguiente es la resolución de esta situación de manera violenta, y ya lo hemos vivido.

También es cierto que este cambio atenta contra los privilegios que han enriquecido a verdaderas corporaciones mafiosas que difícilmente cederán sus posiciones de poder y sus beneficios de todo orden a costas de la totalidad del pueblo, de su calidad de vida, de su fracaso y frustración y de la posibilidad de un futuro mejor. No creemos improbable que en defensa de estos privilegios, recurran al ataque a la institucionalidad o a la violencia como método.

Sabemos que el cambio necesario, realizado por los medios institucionales correctos y convenientes llevaría siglos por las diferentes maniobras dilatorias que los interesados en mantenerlos pondrían en su camino.

Estamos seguros que recurrir a una estructura como el DNU, que fuerza al marco institucional, al decir de la mayoría de los constitucionalistas, es mantener abierta una puerta, ya abierta en el pasado en reiteradas oportunidades y que potencia su utilización con cualquier fin y objetivo que pueda atentar, en un futuro posible, contra la misma institucionalidad.

Por todo lo anterior, nuestra opinión dentro de una apreciación general del decreto es subrayar la necesidad absoluta de producir un cambio definitivo y nuestra preocupación por que el camino tomado y el aparentemente más conveniente por lo rápido y viable no está  dentro del mejor marco institucional posible. Creemos necesario subrayar el principio que nos marca que EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS.

En cuanto al contenido del decreto y partiendo de la base de su amplitud, variedad y especificidad de temas abarcados solo podemos opinar sobre los temas que nos tocan más de cerca y que conocemos más.

Los cambios propuestos mejoran sustancialmente el marco productivo de las empresas a nivel MICROECONOMICO. La orientación francamente desregulatoria, los cambios sugeridos en el marco laboral, el comienzo del ataque a la nefasta industria del juicio, las tenues modificaciones que mejoran el panorama de las PYMES para la contratación de personal son señales claras de un principio de cambio. Nos es difícil pensar, después de tanto tiempo de cargar con la mochila de la regulación y de la ineficiencia sobre nosotros en dirigir nuestras empresas en este marco y en sus consecuencias.  

Paralelamente se dan modificaciones MACROECONOMICAS, dentro y fuera del decreto, que vuelven a exponer a la industria y a la producción a una competencia externa, buena y necesaria pero, dentro de un marco planificado, con objetivos pautados en el tiempo que le permita salir de un ciclo de 80 años de políticas antitéticas que le impidieron planificar su crecimiento, competitividad y eficiencia de manera coherente, debiendo consumir todo su tiempo en ver como se adaptaba a las nuevas reglas y en cumplir con las reglamentaciones y estrategias financieras adecuadas al momento en vez de planificar y producir. La industria no ha podido seguir el camino que su competencia internacional siguió en sus países, donde más allá de la defensa del libre mercado, se fundamentó en un esquema más o menos proteccionista que las llevó a la posibilidad de competir.

Desconocemos al momento cuál será la situación en la que quedará la industria dentro del balance de las beneficiosas medidas micro y las medidas macro, que también consideramos positivas pero dentro de una planificación pautada y coherente.

El otro punto que queremos resaltar y del cual no tenemos conciencia del alcance y del impacto es el de constatar que las modificaciones decretadas modifican el “statu quo” de muchas industrias, comercios y servicios lícitos que ya sea por el avance de la tecnología o porque habían sido establecidos en base a regulaciones que pierden ahora su sentido ven peligrar su continuidad. No sabemos, incluso dentro de nuestro sector, el productivo y comercial de los productos elaborados de la madera, como nos va a afectar y cuántos de nosotros podremos sobrevivir a cambios tan violentos. Como la Argentina se construyó sobre la base del atraso y de la regulación deberá comenzar un proceso de adaptación a la contemporaneidad que obviamente es peligroso para nuestras realidades y que exigirá un nuevo esfuerzo adaptativo por un bien mejor y superador.

Como Cámara sectorial no podemos dar un análisis más puntual del decreto sino marcar lo bueno y lo malo que este mecanismo nos presenta y estar atento a su devenir en el futuro inmediato.  

Quedamos a su entera disposición para aclarar, discutir, consensuar y seguir el día a día de su implementación en la búsqueda que el proceso de cambio sea lo menos traumático posible para la sociedad y, dentro de ella, para el pequeño empresario industrial, comercial y de servicio.

Comisión Directiva de CEMA

Estamos abiertos a recepcionar observaciones que ayuden a enriquecer esta posición.

Envíe su sugerencia a info@cema.com.ar